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Martes, 04 Diciembre 2018 06:51

Nuevo reglamento para el uso policial de armas de fuego

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El reglamento para el uso de armas por parte de miembros de las fuerzas federales de seguridad despertó polémica y el rechazo

de distintos organismos que coinciden en que permitirá que se "multipliquen los hechos de violencia institucional".

 

Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante 2017 murieron 146 personas en hechos de violencia con participación policial sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 23 horas hay un caso de "gatillo fácil" en Argentina.

 

"Se trata de una ampliación de qué es el cumplimiento del deber y de lo que significa una situación de peligro inminente, que es el recurso que usan muchos policías para justificar el uso deproporcionado de la fuerza", explicó Manuel Tufró, coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
Y cuestionó: "Este protocolo convalida una serie de prácticas que están reñidas a los principios de la fuerza y, en vez de profesionalizarlas o buscar a una fuerza que no necesite hacer uso de las armas en una persecución, lo que se hace es naturalizar algo que se hace mal. El riesgo es que estás medidas, pensadas para dar cobertura judicial, terminen teniendo el efecto de multiplicar esas conductas ilegales".

Para Tufró, este reglamento "busca debilitar el control judicial" sobre la Policía porque "reduce el margen de acción de la justicia para establecer qué conductas son ilegales".

El juez Mariano Borinsky, integrante de la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación y responsable de la Comisión para la reforma del Código Penal, explicó en tanto que el proyecto de ley del nuevo Código establece una modificación en el artículo vinculado al accionar de las fuerzas de seguridad.

Se trata de uno de los puntos del artículo 34, que deberá ser debatido en el Congreso, y que establece que no será punible el "miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causare lesiones o muerte".

"Hoy en día, el Código Penal habla del cumplimiento de un deber, por eso aclaramos en el nuevo Código Penal el uso de armas de forma reglamentaria para dar pautas más claras. Uno de los objetivos de este proyecto es reducir los márgenes de discrecionalidad judicial", aclaró Borinsky.
Y opinó: "Yo creo que lo que se hace es clarificar. La resolución ministerial tiene un correlato con el proyecto del nuevo Código Penal, no sale de la nada. El Ministerio de Seguridad de la Nación participó de la comisión que convocó el Presidente para la reforma".

De esta manera y de aprobarse el nuevo Código en el Congreso, los reglamentos de fuerzas federales, provinciales o de la Ciudad pueden ser una herramienta o un condicionamiento para los jueces a la hora establecer la acusación contra un policía, gendarme, prefecto o miembro de la PSA.

"Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el Gobierno busca evitar también el control judicial", insiste Tufró.

En su comunicado oficial, en tanto, la Correpi advirtió: "La norma habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas".

María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Correpi, dijo: "Nosotros decimos que, con esta normativa, el 'gatillo fácil' es ley. Ya no necesitás que del otro lado haya una fuerza equivalente para disparar. La resolución habilita a disparar contra personas que corren, por ejemplo, como en el caso Chocobar, sin importar si están armadas o no”.

Para el Ministerio la nueva reglamentación sólo busca que las normas argentinas estén en sintonía con "el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas". Según informó la cartera de Bullrich, ahora las fuerzas federales "van a poder obrar de acuerdo a la normativa internacional, del mismo modo que en Uruguay, Chile, México, Paraguay o Estados Unidos".

Pero los organismos denuncian que la resolución ministerial es contradictoria con la normativa vigente y la resolución de la ONU. "El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema. La resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma", detallan en el Cels.

"Tenemos situaciones donde los agentes de las fuerzas de seguridad tienen que esperar a que les disparen a ellos para poder repeler a un ataque", respondió Gerardo Milman, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad. "Eso es ridículo", sentenció.

 

 

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